Eran 49 legisladores. Y entre enero y septiembre fueron ejecutados $ 490 millones de la partida “ayudas sociales a personas”. ¿Eso significa que, en ese lapso, cada miembro de la anterior conformación parlamentaria cobró un total de $ 10 millones (es decir, más de $ 1 millón por mes) en concepto de gastos sociales?
El legislador Eudoro Aráoz (bloque UCR) planteó indirectamente este interrogante en una nota que envió el viernes pasado al vicegobernador, Osvaldo Francisco Jaldo. El radical instó al presidente de la Legislatura a que indique cómo distribuyeron las autoridades de la gestión anterior los millones de pesos para uso discrecional que llegaban en valijas desde un banco. Como ejemplo, mencionó las extracciones por $ 47,8 millones de junio, los $ 53 millones cobrados mediante cheques en julio, y los $ 92,7 millones de agosto. En ese contexto, Aráoz expresó sus dudas respecto de que sólo los ex miembros del cuerpo colegiado hayan dispuesto de esos recursos. “Esas sumas en modo alguno son compatibles con los montos que se habrían destinado mensualmente a cada legislador durante dicho período por ese concepto”, señaló el dirigente, alineado al frente opositor ApB.
El radical sustentó su pedido de informes en las publicaciones sobre la ruta de las valijas. En diversas notas, LA GACETA evidenció mediante fotos y testimonios cómo es el sistema del traslado del efectivo de la Cámara. Al menos hasta noviembre pasado, un empleado de Tesorería se presentaba en la sucursal de calle San Martín al 700 del Banco Tucumán-Grupo Macro. Allí retiraba las valijas con dinero (en cada una entraban $ 6 millones en billetes de $ 100). La plata era llevada en un vehículo oficial (una camioneta Toyota Hilux sin identificación especial ni blindaje) hasta el edificio de calle Muñecas 951. El pago en mano se efectúa en el segundo piso.
El reglamento interno contempla dos responsables de las finanzas del cuerpo colegiado. El primero es el presidente. En la anterior gestión era el ahora gobernador, Juan Manzur (el titular subrogante Regino Amado lo reemplazaba en sus ausencias). El segundo encargado de los números es el secretario: antes era el hoy legislador oficialista Juan Ruiz Olivares; ahora, el ex tesorero, Claudio Antonio Pérez.
José María Canelada y Adela Estofán y Aráoz le habían enviado una carta documento a Manzur para que brindara un informe sobre el destino de las valijas con efectivo. Pero el actual mandatario no contestó, según consignó el dirigente radical en la nota dirigida a Jaldo (esta vez no la firmó junto a sus “correligionarios”). “Este es un tema acerca del cual el conjunto de la sociedad que paga sus impuestos y provee a las arcas del Estado espera una respuesta que ponga luz sobre el destino dado a los fondos públicos correspondientes a la partida denominada gastos sociales o ayudas sociales a personas”, insistió Aráoz.
Eduardo Bourlé (bloque unipersonal Trabajo y Dignidad) también le había enviado una nota a Jaldo solicitando un detalle de los fondos.
El presupuesto original de la Legislatura para este año era de $ 959 millones. En la sesión del 9 de septiembre fue ampliado por la anterior gestión y llevado a $ 1.529 (casi el doble de lo ejecutado en 2014). La partida para ayudas sociales se triplicó: de $ 159 millones pasó a $ 505,6 millones. La totalidad de esos fondos fueron cobrados en efectivo.